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El caso Excélsior se enciende nuevamente y  ahora la autoridad está a punto de girar una orden de aprehensión contra los probables responsables del fraude en la compra-venta del que fuera el mejor diario de México, hoy está entre los que se venden por temporadas en el Metro como promoción por 5 pesos.
Aunque los jueces que deben otorgar la orden de aprehensión contra los responsables  Armando Heredia y Javier de Anda presidente del consejo de Admón. Y gerente respectivamente de la Cooperativa Excélsior, quienes trabajan para el comprador, cínicamente,  están cometiendo un acto más de corrupción y pueden ser sancionados como los fueron los 3 de Chihuahua.
La Cooperativa Excélsior vive. No fue Disuelta como se ordena la ley de Cooperativas simplemente porque no se ha pagado a sus dueños su valor. Por ello demandaron desde hace  5 años y seguirán en ese camino y no se detendrán hasta las últimas consecuencias bajo el mando de su abogado Catedrático de la UNAM Omar Olvera reconocido como uno de los más calificados abogados de México, en materia Mercantil y penal, autor de varios libros especializados.
Es por ello que Omar Olvera, jurídicamente echó abajo el contrato de “compra-venta”, avalado por la corrupción que impera en  la Junta de Conciliación y Arbitraje denunciada así ante el Tribunal Superior de Justicia, en una denuncia penal.
Olegario Vázquez Raña, empresario  español es quien “adquirió” el diario en 550 millones de pesos, ese  asunto publicado en TV Mundo como un acto de prestanombres, aunque solo pagó 200. Debe el resto y en dólares que se elevan cada día más en su cotización en el mercado.
El caso es que los Socios del Grupo Excélsior que SI demandaron vía penal y civil al empresario y los mencionados secuaces, a más de 4 años de pleito al fin ya la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia a través de sus cabezas se reunirán este viernes para hablar del caso porque los jueces niegan a los cooperativistas la orden de aprender a quienes les han robado su patrimonio calculado en 4 mil 500 millones de pesos en terrenos, edificios, vehículos y demás.
Hay este viernes 4 de febrero una  audiencia retomada desde el reclusorio en su 1ª Sala Penal, que negó la orden de aprehender a los demandados cuando tienen la razón de ser víctimas de un enorme robo en despoblado que el gobierno federal ha permitido. Una más de los azules protectores de empresarios.

Por: Alberto Estevez Arreola